La nueva ley concursal que el Gobierno pretende sacar adelante en las Cortes Generales este verano y que tiene en vilo a empresarios y abogados por la magnitud de sus consecuencias para la economía española recoge la figura de un actor nuevo que puede ser una oportunidad laboral para trabajadores procedentes de la banca, donde, según los datos del Banco de España, sólo en 2021 se ha prescindido de más de 10.000 trabajadores.

Nuestro socio director, Antonio Almendros, ofrece su opinión en este artículo publicado en El Independiente como abogado experto en concursal, insolvencias y reestructuraciones empresariales.

Hoy jueves, el proyecto de ley concursal que es, a su vez, la trasposición de una directiva europea de 2019 (Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo) se somete a votación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno espera que la Cámara Baja dé luz verde al texto el mismo día que acaba la moratoria para los concursos que se instauró por la pandemia de Covid. 

Antonio explica que «con la nueva normativa, en todos los concursos con independencia de la solución -convenio o liquidación- va a haber una calificación y a diferencia de la situación actual, cualquier acreedor o interesado puede ser parte de dicha calificación. De tal forma, si la empresa tiene acreedores que son beligerantes, el papel que tenían hasta ahora era reducido y con la nueva normativa tendrán plenas facultades para impulsar la liquidación. Con lo cual, si soy deudor y se que voy a entrar en una liquidación, entre la actual normativa y la que viene es preferible acogerme a ésta».

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