¿Por qué el 90% de las empresas que se acogen a un concurso de acreedores acaban en liquidación? ¿Por qué los vigentes instrumentos preconcursales (acuerdos de refinanciación, acuerdo extrajudicial de pagos y propuestas anticipadas de convenio) han sido escasamente utilizados?
Nuestro Socio Director, Antonio Almendros, escribe un artículo para Cinco Días Legal dando respuesta a estas cuestiones.
El planteamiento de estas cuestiones, así como otras relativas a la duración y eficacia de los actuales procedimientos concursales, son las que han servido de base para llevar al legislador español a enfocar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre reestructuración e insolvencia, que actualmente tiene reflejo en el Proyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, que se está tramitando y que se espera se convierta en norma vigente el próximo mes de junio.
Ya en la propia exposición de motivos el legislador constata una serie de limitaciones de nuestro sistema de insolvencia. Una de las novedades es el cambio de conceptualización que se introduce al redenominar al usual derecho concursal como “sistema de insolvencia”.
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